Políticas de ahorro del gasto público superfluo y eliminación de duplicidades.
El Gobierno de España debe utilizar sus competencias constitucionales para recortar el gasto superfluo de todas las administraciones públicas y evitar duplicidades entre ellas. Sólo así se podrá garantizar la viabilidad del Estado, equilibrar las cuentas públicas y asegurar la igualdad de trato a los ciudadanos. Nuestro objetivo es reducir en 42.000 millones de Euros( 4% del PIB) el gasto público superfluo por los siguientes procedimientos:
Reforma constitucional que deslinde claramente las competencias autonómicas de las estatales, evite duplicidades, cierre definitivamente el modelo autonómico y devuelva al Estado las competencias de educación y sanidad (manteniendo su gestión descentralizada) para garantizar la misma calidad en toda España.
Aplicar en todas las administraciones métodos presupuestarios que se inspiren en la filosofia del presupuesto base cero, en vez de en la incrementalista.
Normas estatales que limiten el número máximo y tamaño de unidades administrativas en las Comunidades Autónomicas, es decir, de conserjerías, parlamentarios y personal de libre designación.
Normas estatales que limiten los automóviles oficiales, dietas por representación y teléfonos móviles en todos los niveles de la administración.
Establecer umbrales de déficit y endeudamiento de medios audiovisuales públicos que, de superarse, obliguen a su privatización o cierre.
Cierre de aeropuertos y líneas de AVE sin tráfico suficiente. Programa de evaluacción de todas las infraestructuras existentes y futuras con arreglo a criterios de coste-beneficio.
Supresión de los organismos administrativos autonómicos redundantes que duplican los del Estado, como consejos económicos y sociales, consejos consultivos,tribunales de cuentas, tribunales de defensa de la competencia, defensores del pueblo y del menor, agencias de protección datos, agencia de tráfico, agencia meteorológicas, institutos de estadísticas y oficinas comerciales en el exterior.
Establecer bandas salariales obligatorias por categorías para todos los funcionarios y altos cargos autonómicos o municipales, que tomen como referencia las remuneraciones de los niveles correspondfientes en la adminstración central cuando realicen la misma función en cualquier administración.
Reducción drástica( sobre un 80%) de los 5000 entes no administrativos de distinta naturaleza jurídica ( empresas públicass, fundaciones, observatorios, sociedades mercantiles..) de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Techo de gasto obligatorio para las Comunidades Autónomas, con mecanismos de penalización en caso de incumplimiento. Si el comportamiento presupuestario autonómico provoca incumplir compromisos europeos que lleven aparejados sanción, ésta se trasladará proporcionalmente a las Comunidades Autónomas responsables.
Mecanismos de co0rdinación presupuestaria previa entre las Comunidades Autónomas y el Estado, equivalente al "semestre europeo" comunitario. Los proyectos presupuestarios de todas las Comunidades serán remitidos obligatoriamente al Consejo de Política Fiscal y Financiera para su supervisión, corrección y aprobación antes de su debate en el parlamento autónomico correspondiente.
Restaurar la unidad del mercado interior español, mediante leyes estatales de armonización que supriman los obstáculos autonómicos y municipales, tanto administrativamente como lingüísticos, a la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales.
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