Reforma del sistema de Financiación Autonómica, respetando los siguientes principios:
Marco de negociación multilateral con todas las Comunidades bajo la coordinación estatal, excluyendo la bilateral entre Estado y cada comunidad.
Abandono de las balanzas fiscales como indicadores, pues son las personas quienes pagan impuestos y no los territorios.
Garantizar los recursos necesarios para que los ciudadanos reciban en cualquier lugar de España prestaciones similares en todos los servicios públicos tranferidos a las Comunidades Autónomas.
Todas las Comunidades Autónomas han de recibir una financiación per cápita similar en términos de población equivalente.
Sistema de financiación simple y transparente, evitando la proliferación de fondos de carácter especial.
Corresponsabilidad fiscal de la Comunidades Autónomas, que asumirán con sus tributos la obtención de recursos adicionales.
Limitación de la transferencia de competencias normativas fiscales, pues dificultan la gestión de la recaudación, facilitan el fraude y ponen en peligro la unidad del mercado nacional.
Potenciar la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), permitiendo la participación de las Comunidades Autónomas en sus órganos rectores pero evitando su fragmentación.
Eliminación del Cupo vasco y de la Aportación navarra para implantar un régimen común de financiación para todas las Comunidades Autónomas.
Aumentar el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) para corregir de forma efectiva los desequilibrios territoriales.
Supresión de las cláusulas de los nuevos Estatutos de autonomía que condicionan las inversiones del Estado en cada comunidad, que sólo deben responder a las necesidades nacionales.
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